Todos ya se han olvidado de la bomba que sacudió a medio gabinete y que a la vez se convirtió en uno de los temas más vergonzosos que han habido en este Gobierno (personalmente creo que lo más vergonzoso y deplorable que mostró este gobierno es la falta de ayuda organizada para reconstruir Pisco después del terremoto de 1997). Me refiero al caso de los “Multiaudios” (ya el título “Petroaudios” quedo bien chico) el cual nos dilucidó las vinculaciones de apristas con negociados irregulares y de algunos marinos con prácticas heredadas del gobierno Fujimontesinista.
Todo explotó cuando el periodista Fernando Rospigliosi denunció el negociado para dar en concesión cinco lotes petrolíferos de manera irregular entre el ex-ministro y militante aprista Rómulo León Alegría (representante de la empresa Discovery Petroleum), el militante aprista Alberto Quimper (directivo de la empresa estatal Perú-Petro) y el abogado Ernesto Arias Schereiber (designado para representar los
intereses de DP en el Perú). Cabe señalar que en los audios también se escucha a un frustrado inversor petrolífero dominicano llamado Fortunato Canaán, quien da en un primer momento la idea de hacer el negociado ilícito y que luego se verá implicado en una serie de tratativas ilícitas mediante la construcción de Hospitales. A lo largo de los días se han dado a conocer distintos materiales auditivos de Quimper y León que comprometían más aún a integrantes del gabinete de turno.
Hasta allí tenemos dos delitos: una el de la interceptación telefónica y el otro sobre licitaciones condicionadas para favorecer a ciertas empresas extractivas de petróleos allegadas a intereses de integrantes apristas. Punto aparte es la amedrentamiento gubernamental, utilizando diferentes tácticas, para intentar silenciar a distintos integrantes de medios masivos que cuestionan la labor de integrantes del partido de Gobierno actual. Otro detalle a tener en cuenta son las pruebas y lo que han ocurrido con éstas.
Caso 1: Las licitaciones irregulares y los contactos oscuros
En este caso se demostró que las irregularidades iban más allá de los pozos petroleros. Aparecieron correos electrónicos y llamadas interceptadas recogidas por otros periodistas entre los cuales se menciona a los ex-ministros apristas Hernán G
arrido Lecca (Salud) y al mismo ex-Premier Jorge Del Castillo, en tratativas para las construcciones irregulares de hospitales mediante el empresario Dominicano Fortunato Canaán (quien dicho sea de paso fue dejado de lado por Rómulo en la negociación petrolífera). Detalles a tomar en cuenta es el reloj que Canaán manifiesta querer regalarle al ex-ministro de Salud para futuros favores y el interés del empresario en ayudar a Del Castillo en una posible campaña presidencial. Los mencionados ministros fueron sacudidos por el cambio ministerial.
También se encontró un petroaudio que involucra al ex-ministro del Interior, el aprista Luis Alva Castro, en la compra irregular de patrulleros aconsejado por Alberto Quimper. Los ministros mencionados dejaron su cargo días después de desatado el escándalo.
Dejaron sus puestos también el presidente de Perú-Petro César Gutiérrez y el ministro de Energía y Minas Juan Valdivia, quienes alegaron responsabilidad política y fueron mencionados también en los petroaudios.
Con la aparición de 86 audios que el periodista Pablo O`Brien otorgó a la justicia (y que a la vez colgó en “wikileads”) se involucraron nuevos personajes en las conversaciones como el periodista y líder del Partido Social Demócrata (como si nos faltaran franquicias políticas) Alfredo Barnechea, el Presidente de la Organización de Estados Iberoamericanos
José Ignacio Soria, al ex-presidente del Tribunal Constitucional y antiguo acciopopulista Javier Alva Orlandini y el ex-ministro aprista Abel Salinas aparte de los personajes mencionados al principio en el escándalo cuando todavía era de “petroaudios”.
Finalmente Rómulo está tras las rejas, Quimper y Arias Schereiber estan con prisión domiciliaria y Fortunato Canaán está en la tierra de Quisquella La Bella y el resto también está libre.
Caso 2: La vinculación de Marinos en la empresa Business Track
Después del escándalo (cuando todavía eran “petroaudios”) se encontró a la empresa vinculada a la interceptación telefónica y de correos electrónicos cuyo nombre era Business Track, dirigida por los marinos en retiro Carlos Tomasio Lambarri y Elías Ponce Feijo. Este último iba frecuentemente al Congreso de la República para visitar a su amigo el ex-marino, contra-almirante (r) y congresista aprista Luis Giampietri Rojas. Se confiscaron 29 CPU, 26 discos duros, 25 USB, 25 audios, 3 laptops, 337 transcripciones de e-mails y 672 CDs de la empresa en cuestión (los cuales contenían mails y audios de algunas víctimas de chuponeo) y se tuvo como colaboradores a la secretaria Giselle Gianotti y al colaborador eficaz Martín Fernández Virhuez (más conocido como el colaborador 000917 quien a la vez lo fugaron del país de una forma extraña). En esta empresa se encontraron a varios clientes interesados en los servicios de BTR que van desde Municipalidades, Gobiernos Regionales hasta empresas competidoras.
Lastimosamente el Ministro de Defensa Antero Flores Aráoz entorpece las investigaciones al no sincerar el contenido del entrenamiento de contra-inteligencia para ver quienes son capaces de hacer dichas prácticas.También se comprueba que los equipos de interceptación provienen de la Éra Oscura del Fujimontesinismo.
Sin embargo la empresa en cuestión fue intervenida y sus equipos fueron confiscados por la Fiscal Gladys Echaiz. Los integrantes de BTR fueron los que se llevaron la peor parte porque se les intentó silenciar (y en algunos casos manipular como veremos luego) los casos de las licitaciones irregulares por parte de las autoridades gubernamentales. Por el momento los directivos y los trabajadores de la empresa en cuestión Jesús Tirado, Jesús Ojeda y Marín Fernández Vírhuez se encuentran en prisión, todos ellos relacionados con la Marina de Guerra del Perú.
Hasta aquí los casos legales, sin embargo hay otros dos casos peores que imposibilitan el trabajo de investigación.
Caso 3: Mordaza a la prensa
Este caso tiene que ver con los intentos de aparatos del gobierno en manipular a la prensa, sobretodo en el “Grupo Editorial El Comercio”. La salida de Augusto Álvarez Rodrich como Director General del diario Perú.21 y la reubicación del Jefe de la Unidad Investigativa del diario “El Comercio” Fernando Ampuero para que trabaje en la Revista “Cosas” reflejaron el intento de silenciar a los que se mantenían críticos al régimen de turno en dicho grupo cuya dirección recayó en Setiembre del año pasado en Francisco Miro Quesada (quien era mas allegado al gobierno de turno que su hermano y ex-director Alejandro Miro Quesada).
El señor Ampuero manifestaba su inconformidad porque los audios, al no tener la aprobación de del director, no salían a la luz habiendo tenido la primicia diez días antes de la explosión en el programa “Cuarto Poder”. En cuanto al señor Álvarez Rodrich, él se mandó contra todo el gabinete en su último editorial para el diario Perú.21, lo cual le significó la bajada de dedo del nuevo director del grupo editorial.
Luego en el foro del Instituto Prensa y Sociedad donde se discutía sobre priorizar la investigación y/o mostrar a la luz partes de los escándalos como el “petrogate», hubo una discusión “corralito” donde Alvarez Rodrich se defendió de las críticas que le hacían sus colegas de la prensa. Ni mencionar la discusión que el periodista crítico tuvo con Jorge del Castillo en RPP que tuvo un día antes de que el foro ocurriese.
Otro tema es el caso de Rosa María Palacios, conductora del programa “Prensa Libre” y esposa de Alberto Varillas, a quien se le achacó tener intereses para “chuponear” a los integrantes de “Discovery Petroleum” mediante Business Track para favorecer a la compañía petrolera a la cual su esposo representaba: Petro-tech. Esto se vio reflejado en noticias en la Revista Caretas y en los Diarios El Comercio y La Razón (este último vocero del Fujimontesinismo) y en la invención de declaraciones por parte de un colaborador eficaz que al final resultaron ser falsas.
Si Jorge Del Castillo se picó con Alvarez Rodrich, será el cuestionado integrante de la comision de las negociaciones ilícitas, el fujimontesinista Carlos Raffo, quien le ladró a Rosa Maria Palacios en su propio programa despues de haber tenido una participación bien engañosa en la Comisión Investigadora del congreso en el tema de las licitaciones irregulares.
A Fernando Rospigliosi, persona que entregó el primer audio, le levantaron el secreto bancario y las comunicaciones. Dicho hecho fue ejecutado por la comisión especial para revelar a los integrantes y clientes de la interceptación pública: La Comisión del aprista Luizar
Para evitar que circulen los audios y para que el gobierno se proteja de futuros chuponeadores, al congreso se le ocurrió impulsar la “Ley Mordaza”. Ésta ley prohibía la difusión de material obtenido ilícitamente para fines de ser difundidos a la sociedad y a la vez obligaba a los periodistas a dar sus fuentes informativas zurrándose en la Declaración de Chapultepec (puntos 2,3,5,6,10), la cual menciona sobre las libertades informativas sobre el cuidado de las fuentes y la libertad de poder informar lo obtenido, al cual el Perú está adscrito.
… pero hay otro caso más oscuro y siniestro aún:
Caso 4: Las pruebas desaparecidas, las no mostrarlas o las no reconocidas
En estos casos hay el intento de entorpecer las investigaciones mediante la quema de pruebas, el ocultamiento de éstas o simplemente el de no reconocerlas para las investigaciones.
Respecto a las pruebas desaparecidas está lo ocurrido entre fines del año pasado y comienzos de este, momento en el cual se montó un operativo en el Ministerio de Salud, por parte de unos recicladores y el guachimán que custodiaba el establecimiento de documentación del MINSA, para desaparecer información vinculante al ex-ministro Hernán Garrido Lecca con las licitaciones irregulares para la construcción de Hospitales. Según los recicladores dicha operación estuvo comandada por el médico y militante aprista Víctor Ángel Guevara.
El juez Jorge Barreto, quien ve el caso de las negociaciones ilícitas de Rómulo León y Alberto Quimper en el Poder Judicial, desechó el uso de los 86 nuevos audios otorgados por Pablo O`Brien por considerarlos de procedencia ilegal. No obstante el periodista afirma haberlos tenido antes que se desatara el escándalo. Cabe resaltar que el citado juez está congelando la información y está poniendo en duda la forma de cómo se está llevando el proceso.
Hacer este post fue increíblemente difícil de hacer (e inclusivamente es probable que haya obviado muchos detalles) porque una cochinada tapa la otra. He aquí un intento de resumir sobre todo lo que brotó desde el día en que Fernando Rospigliosi soltó el petroaudio. Cualquier detalle respecto al tema por favor postearlo en los comentarios para ir construyendo y alimentando el post (incluso más de lo que está).
Si quieren saber detalladamente de lo que hablo ingresen a todos los links que he puesto en este post.
Pero más allá de todo es cierta una cosa: la gente que quiere que olvidemos estos casos son los primeros que tapan la corrupción desde su superficie. Tengo que concluir que, queriendo o sin querer, que el premier actual Yehude Simon los encubre. Tampoco quisiera unirme con gente que no tenga un compromiso claro contra la corrupción.
Agradezco a nuevamente a Ocram del Utero de Marita, a Juan Carlos Goicochea de Ombloguismo, a José Alejandro Godoy de Desde el Tercer Piso y a Heduardo por haberme brindado el material adecuado para este post antiamnésico. Si me olvido de alguien por favor mencionarmelo a través de los comments.