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Tag Archives: Herencia

Heduardicidio de Alan

Fotomontaje de Heduardo

Este título medio extraño no es ninguna broma. El Ejecutivo (o sea, Alan García y sus “cortesanos”) quieren que el Congreso de la República decida qué es cultura y qué no lo es mediante el Proyecto de Ley 3464.

Ello implicaría algunas cosas turbias y extrañas: la elección de gente que poco o nada sabe de temas culturales decidiendo qué es o qué no es patrimonio cultural, el favorecimiento de algunas empresas constructoras aprovechándose del  boom del sector, el aprovechamiento político ante cualquier invasión a un lugar arqueológico o la insignificancia de la existencia del Instituto Nacional de Cultura que es el órgano que actualmente vela por dichos temas, entre otras consecuencias. Encima se piensa quitar financiamiento a aquellos patrimonios culturales que, según el estado, no son rentables.

Imaginemos por un momento que Caral no sea rentable ir para los turisras porque demora ocho horas, la carretera está mala, el estado tiene otras prioridades y no hay inversión externa que apueste por ello más que el estado. El estado deja de financiar el recinto con más de 7,000 de antiguedad ni se aprovecha de las ventajas culturales que ésta ciudadela pueda brindar en un futuro… así de sencillo.

Caricatura de Javier Prado

Caricatura de Javier Prado

Aparte, el Ejecutivo busca que se modifique el Decreto Supremo Nº009-2009-ED el cual instaura el silencio administrativo positivo (o sea, que ningún ente reclame por algún posible resto arqueológico en la zona).

Esto es un atropello a las personas que aún están desarrollando la noción de tener patrimonios culturales que impulsen la identidad, el comercio legal, la integración y el desarrollo entorno a bienes culturales. Un bien cultural no puede equivaler lo mismo que un bien público común y corriente debido a que implica ciertos valores que son inmateriales y que representan símbolos y significados de la época.

Ejecutivo busca caterpilizar el país en desmedro de los restos arqueológicos

Ejecutivo busca "caterpilizar" el país en desmedro de los restos arqueológicos

Actualmente no hay políticas culturales ni valoraciones de expertos en el tema sobre Patrimonio Cultural el cual debería de existir para apreciar y cuidar nuestros bienes culturales ancestrales que es la mayor herencia que le han dejado al Perú.

Por eso el día de mañana (viernes 2 de Octubre), a las 12 del mediodía en el Parque Universitario, se realizará un plantón en contra de la Ley y del Decreto Supremo en discordia que atenta contra el Patrimonio Cultural de nuestro país. Luego, a la una y media de la tarde se irá al Congreso y se entregarán por escrito las siguientes peticiones:

  • Que no promulguen el Proyecto de Ley 3464

  • La modificación del Decreto Supremo 009-2009-ED

  • La reformulación de las Políticas Culturales en el Perú

No dejemos que nos destruyan medio país con el fin de lucrar y beneficiar a ciertos grupos, no dejemos que un grupo de gente sin conocimiento del tema vaya a hacer prevenda con el patrimonio cultural, no dejemos que prospere dicha ley que lo único que hará es destruir aquello que podemos aprovechar para fortalecer los nexos entre nuestras comunidades.

Simplemente, ¡No lo permitamos!… la cultura no es un faenón para el apetito politiquero de algunos. Es algo a lo que hay que dedicarnos a cuidar con respeto y profesionalismo.

Más información en el Especial del Tema de La Morsa; y no se olviden incribirse a esta noble causa Facebook.

Pd. Trataré de estar presente con mi guitarra… no prometo nada.

La semana anterior estuvo plagada de protestas al interior del país y de la interpelación del Primer Ministro Yehude Simon como de la Ministra del Interior del APRA Mercedes Cabanillas (el cual trataremos en otro post).

Repasemos algunas de las protestas y para ello pediremos ayuda al blog de “La Otra Mirada” para que nos dé los motivos del porqué estas se dan.

Andahuaylas:

El principal motor de protesta es el incumplimiento de los acuerdos tomados en la mesa de diálogo del año 2007. Sin embargo, la protesta se ha inclinado hacia el rechazo de las privatizaciones que, en general, son realizadas sin consulta alguna. Este es el caso de la privatización del aeropuerto de Huancabamba, por la que se pide al Estado que pague a las comunidades (Huinchos, Patococha y Huancabamba) por los terrenos comunales que se utilizaron para esta construcción. Por otro lado, se rechazan las concesiones mineras en Apurímac debido a que, una vez más, fueron realizadas sin consulta a las comunidades dueñas de las tierras de superficie.

Este es una mezcla entre las consecuencias de ciertas demandas que no han sido atendidas (hubo un acuerdo del 2007 en donde supuestamente se iba a asfaltar la carretera Abancay – Andahuaylas cosa que no se ha hecho aún), de una forma prepotente y subordinada de desarrollo sobre otros factores o formas de vida que no se toman en cuenta (los terrenos comunales que se verían afectadas por actividades mineras en la zona) y algunos aprovechamientos ideológicos de algunos dirigentes ya que algunos negaron la privatización de por si (la privatización, si cumple con las normas, es una forma de entregar responsabilidades e inyectar capital a una institución más allá de que no sea la ideal forma de hacerlo).

Todo esto es resultado de una mezcolanza de intereses justos y algunos medio banales (ej. los 100 tractores que el gobierno había acordado dar a las comunidades o la vacancia presidencial). En los reclamos hubieron desordenes discursivos y descoordinación dirigencial así como un intento de aprovechamiento político de algunos sectores particulares que ayudaban poco o nada a los pobladores de Andahuaylas.

Pero más allá de todo el Premier Yehude Simon y el Ministro de Agricultura Carlos Leyton lograron otro acuerdo con los dirigentes de Andahuaylas. Lo que no sabemos es que si esto es un paliativo (como ocurrió del 2007 para el 2009) o la solución con el cumplimiento de acuerdos. Lamentablemente ya ocurrió lo primero y es por el incumplimiento del estado por lo que se protestó.

Sicuani:

El motor central de la protesta en Sicuani es la oposición de la mayoría de la población a la construcción de la hidroeléctrica Salca-Pucará. El temor es que la provincia de Canchis, cuya capital es Sicuani, pierda una parte significativa del agua de uso agrícola. La preocupación resulta legítima en tanto se trata de una de las provincias con menos recursos hídricos en la zona. A ello se suma el reclamo por la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos y de las normas que criminalizan la protesta social.

Así como en Andahuaylas esta es una protesta pendiente desatada. Sin embargo esta si data de los comienzos de la gestión de  Yehude Simon como Premier en Octubre del 2008.

Para solucionar esta protesta se deberían de negociar ciertas preferencias para que los lugareños se beneficien con las obras en marcha (menor tarifa en el uso de electricidad por ejemplo) así como una capacitación para que la gente pueda aplicar un uso racional y efectivo del agua que incluso les permitiría hacer crecer sus cultivos (¿alguien dijo riego por aspersión, lluvia artificial o Chacra Productiva?).

Ante la furia desatada en la zona algunos dirigentes que se colaron en las manifestaciones amenazaron en boicotear la festividad cuzqueña del Inti Raymi. Aquí el gobierno hizo poco ya que el desorden no propició un ambiente adecuado para continuar con la mesa de diálogo. Si bien los manifestantes no sabotearon la festividad incaica retomarán la marcha el día de mañana.

La Oroya:

Este caso es bastante conocido y parte de la decisión de la empresa Doe Run de cerrar su operación en vista de que el Estado no le otorgará mayor extensión del plazo para el cumplimiento del Programa de Adecuación del Medio Ambiente (PAMA). Con ello, queda claro el fracaso de la privatización de este complejo minero-metalúrgico. Los trabajadores, lógicamente, temen quedarse sin trabajo. Hasta el momento no existe una actitud clara del gobierno para atender el problema social que se genera.

Como dice el texto, el caso de nuestro Chernobyll es harto conocido e incluso ha sido tratado en este blog cuando el gobierno iba a dar un injusto salvataje (el cual no se llegó a propiciar). Resulta que el magnate inmundo de Ira Rennert sólo receptaba dinero y no invirtió en los compromisos como el cumplimiento del PAMA el cual había sido pateado en varias oportunidades por el Gobierno Peruano. El problema se magnifica al darse en el contexto mundial la crisis de minerales (la cual genera menor demanda y ello propicia menos ganancias, la necesidad de producir menos y de disminuir el número de trabajadores activos para evitar menos pérdidas).

Este reclamo era más preciso que los dos anteriores debido a que eran los mismos trabajadores quienes pedían su puesto de trabajo. Para eso el presidente, ya que Simon estaba trabajando en Sicuani, en Andahuaylas y preparándose para su interpelación, pidió a su ex-primer ministro Jorge Del Castillo y al actual ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez para que intermediaran en las negociaciones.

¿En que quedaron? JDC anunció que la posible solución está en que la empresa minera sea ahora propiedad de los “trabajadores”. Ahora las preguntas son: ¿Qué hay del PAMA y de solucionar el problema ambiental que presenta este foco de contaminación?, ¿Es lícito que el estado haga este tipo de “expropiaciones”?, ¿Por qué hemos esperado tanto para intervenir en La Oroya? Al parecer este es otro paliativo más porque la verdad es que, aunque suene algo crudo, La Oroya debe de recuperarse por completo de toda la contaminación a la cual ha sido sometida y todos sus habitantes merecen vivir en mejores condiciones con un puesto de trabajo más estable.

Conclusiones

Los problemas que vemos en la actualidad, en el mayor de los casos, tuvieron sus antecedentes con un estado que hizo poco o nada por hacer cumplir las normas escritas en los documentos establecidos en sus leyes y en los pactos consensuados con la población. No por gusto se ha hablado sobre un PAMA, un acuerdo y una consulta que no se han cumplido. La comunicación entre el gobierno y la sociedad civil no sólo debe establecerse en lo que se informa, se puede hacer o se acuerda, también debe basarse en hechos que fundamenten los consensos entre un estado y la población. Los compromisos faltados por el gobierno, al no cumplirse y al haber sido coordinados en distintas partes del país, hacen que la población pierda la confianza y que los protestantes tomen medidas más extremas (lo cual no justifico).

También, es consecuencia de ello, la prepotencia (sin coordinación ni consenso previo con la población) con la cual las autoridades de turno quieren hacer distintos proyectos de construcción más allá que sea por el beneficio de todos los peruanos. En anteriores oportunidades se han hecho planes concertados y las mesas de diálogo que sólo han servido para apaciguar voluntades y no para concertar soluciones ni impulsar un ejercicio ciudadano.

Se habla de la “herencia de Yehude”, porque este señor ha dicho que piensa irse después de solucionar algunos problemas socioambientales, pero poco se habla de lo que “Yehude heredó”.

Sin embargo ese señor está negociando irresponsablemente sometiendose a los requerimientos de los protestantes. Ello hace que diga cualquier cosa sin solucionar los problemas de fondo, dejando la misma factura (o incluso peor) de la que le han entregado con tal de apaciguar algunos reclamos justos (y banales también) y todo eso le da comidilla a los “mercaderes de pobreza” de siempre y a los de la “izquierda de pose” para que estos últimos se colen en las protestas y desorganizen aquellos reclamos que la población requiere que se les atienda.

Pero no hay nada peor que un presidente que se autocensura en las negociaciones con la sociedad, que se siente muy comodo hablando con los inversionistas y que cree que desde un estrado informando de sus fobias se comunica con la gente. Que iluso.